OBRA NUEVA. ARTÍCULO 199.1 LH. OPOSICIÓN.

En el presente caso, los recurrentes solicitan la inscripción de una declaración de obra nueva sobre la finca de Cuarte de Huerva, que tiene una superficie registral de 67 metros cuadrados, siendo en la actualidad la superficie, según Catastro de 101 metros cuadrados.

La registradora, existiendo una diferencia superficial superior al 10% de la cabida inscrita y tratándose de la solicitud de una inscripción de obra nueva, que requiere la inscripción previa o simultánea de la georreferenciación de la finca sobre la que se declara la obra nueva, para que el registrador pueda calificar, que esta se apoya íntegramente en el terreno de la finca sobre la que declara, inicia un expediente del artículo 199.1 de la Ley Hipotecaria.

En la tramitación del expediente se presentan alegaciones por uno de los colindantes notificados, titular registral de la finca 8.196 del término de Cuarte de Huerva, que entiende que la construcción invade el vuelo de su finca, concretamente, dos habitaciones que están construidas bajo parte de la finca objeto del expediente. La registradora estima la alegación, apreciando la existencia de un engalaberno, por lo que deniega la inscripción de la georreferenciación de la finca y la de la obra nueva sobre ella.

Los recurrentes alegan que la inscripción de la finca objeto del expediente data del año 1949, siendo indiscutible que la propiedad del suelo es de los recurrentes y que la construcción del colindante alegante bajo el suelo de su finca no es sino una extralimitación de su derecho, mediante invasión del parte del subsuelo de una finca ajena, que en nada obsta a la inscripción de la georreferenciación del suelo, habiéndose construido las dos habitaciones con posterioridad a la adquisición de la finca por parte de los causahabientes de los recurrentes, por lo que su inscripción debe gozar del beneficio que concede el principio de prioridad registral.

Desde un punto de vista teórico, para resolver el presente recurso hemos de partir de un concepto sobre el que esta Dirección General ya se ha pronunciado en varias ocasiones. Es el denominado de las casas en engalaberno, fenómeno que podemos describir como aquella parte de una edificación que no está dentro de los límites del solar al que pertenece legalmente, sino que invierte o se apoya sobre la parcela colindante. En el presente caso se sitúa bajo el suelo de la finca objeto del expediente, pero con proyección geográfica sobre la superficie terrestre. Por ello, desde un punto de vista técnico, debe recordarse que la identificación geográfica de una finca, mediante la técnica de la georreferenciación, consiste en la identificación exacta de sus límites en la superficie terrestre, es decir, el suelo, a través de las coordenadas geográficas, en el sistema ETRS89, oficial en España, delimitando el conjunto de los vértices, el polígono de la finca sobre el suelo y no sobre el subsuelo.

Entrando en el fondo del asunto, procede determinar, como ha declarado reiteradamente esta Dirección General en Resoluciones, como las de 29 de noviembre de 2023 y 22 de marzo de 2024, si la calificación registral negativa recurrida es o no ajustada a Derecho. Ello nos ha de conectar con el análisis de los puntos de la doctrina reiterada de esta Dirección General, en Resoluciones como las de 5 y 15 de diciembre de 2.023, o la de 28 de julio de 2025 que son: «a) el registrador ha de calificar la existencia o no de dudas en la identidad de la finca, que pueden referirse: a que la representación gráfica aportada coincida en todo o en parte con otra base gráfica inscrita o con el dominio público, o a que se invadan fincas colindantes inmatriculadas, o a que se encubra un negocio traslativo u operación de modificación hipotecaria. b) el registrador podrá utilizar, con carácter meramente auxiliar, las representaciones gráficas de que disponga. c) dado que con anterioridad a la Ley 13/2015 se permitía el acceso al Registro de fincas sin que se inscribiese su representación gráfica georreferenciada, la ubicación, localización y delimitación física de la finca se limitaba a una descripción meramente literaria, lo que puede conllevar una cierta imprecisión a la hora de determinar la coincidencia de la representación gráfica ahora aportada con otras fincas inmatriculadas con anterioridad a dicha ley. d) el registrador, a la vista de las alegaciones eventualmente presentadas, debe decidir motivadamente según su prudente criterio, sin que la sola formulación de oposición por alguno de los interesados tenga la virtualidad de convertir en contencioso el expediente o de impedir que continúe su tramitación; e) el juicio de identidad de finca que en su caso formule el registrador habrá de ser motivado, y fundado en criterios objetivos y razonados».

Para ello, hemos de comparar la descripción de la finca, tal y como consta descrita en el Registro y la descripción de la finca, cuya inscripción ahora se solicita. En el presente caso, la finca cuya georreferenciación se pretende inscribir es la finca 967 del término de Cuarte de Huerva, que se describe como: «Urbana. Casa situada en el término de Cuarte de Huerva, con una cuadra en la calle (…) que ocupa una extensión de 67 metros cuadrados. Linda por la derecha entrando con M. L.; por la izquierda, B. L.; y por la espalda (…)». La descripción cuya inscripción ahora se solicita es la siguiente: «Vivienda unifamiliar sita en el término de Cuarte de Huerva, en la calle (…), ocupando el solar una superficie de 101 metros cuadrados, que tiene su acceso desde la denominada calle (…) Tiene una superficie total construida de 210 metros cuadrados. Consta de planta baja con una superficie construida de 59 metros cuadrados y útil de 50 metros cuadrados, dividido por un pasillo o distribuidor con tres puertas, una de acceso al salón, otra con acceso a dormitorio y la otra con acceso a una dependencia o almacén de 17 metros cuadrados, con dos puertas una con acceso a la cocina y un aseo pequeño y otra que da acceso al patio adoquinado de 9 metros cuadrados de superficie; y otra dependencia contigua a la cocina, o almacén destinado a caldera o depósito, con una superficie construida de 15 metros cuadrados. Planta primera con una superficie construida de 59 metros cuadrados y una superficie útil aproximada de 50 metros cuadrados y destinada a tres dormitorios y un baño. Y planta primera con una superficie construida de 59 metros cuadrados y una superficie útil aproximada de 50 metros cuadrados y destinada a tres dormitorios, planta diáfana. Linda el edificio por todos sus vientos con la finca sobre la que está edificado; y, además, por la derecha entrando con calle (…), izquierda con calle (…); fondo con calle (…) y Calle (…); y frente con calle de su situación. Referencia catastral: 2764304XM7026S0001LZ».

En el presente caso, existiendo alegación contraria a la inscripción en la tramitación del expediente y fundando en ella la calificación registral denegatoria, la registradora ha de motivar fundadamente esas dudas, como ha declarado reiteradamente esta Dirección General en diversas resoluciones, como la de 25 de marzo de 2025 (vid., por todas). Y según la reiterada doctrina de esta Dirección General, formulada en Resoluciones como la de 24 de marzo de 2025, el juicio registral de identidad no puede ser arbitrario ni discrecional, sino motivado y fundado en criterios objetivos y razonados. Y ello, tanto desde el punto de vista jurídico, indicando en qué forma se han infringido los preceptos legales, como exigió la Resolución de esta Dirección General de 3 de octubre de 2024, sin bastar una referencia genérica a los preceptos infringidos, como desde el punto de vista material, basándolo en razones objetivas, derivadas de la apreciación de la evolución del territorio en la aplicación homologada y del contenido del Registro. Es decir, el registrador debe justificar porque ha estimado las alegaciones, para que el hipotético recurrente pueda conocer la argumentación registral en toda su extensión y preparar el correspondiente recurso, en su caso.

Procede, por tanto, analizar si la oposición del colindante es suficiente para impedir la inscripción y si ha sido correctamente analizada por la registradora. Y ello, porque uno de los objetivos del expediente del artículo 199 de la Ley Hipotecaria es la protección de los derechos de las personas físicas o jurídicas que pudieran ser perjudicadas por la inscripción de la georreferenciación. Así la Resolución de esta Dirección General de 5 de marzo de 2012: «la participación de los titulares de los predios colindantes a la finca cuya cabida se rectifica reviste especial importancia por cuanto son los más interesados en velar que el exceso de superficie de la finca concernida no se haga a costa, o en perjuicio, de los fundos limítrofes. Por eso constituye un requisito capital que se les brinde de un modo efectivo esa posibilidad de intervenir en el expediente. En caso contrario se podría producir un supuesto de indefensión». Por ello, la Resolución de 19 de julio de 2016 declaró que el objeto de la intervención de los titulares colindantes en los procedimientos de concordancia del Registro con la realidad física es evitar que puedan lesionarse sus derechos y, en todo caso, que se produzcan situaciones de indefensión, previniendo que puedan tener acceso al registro situaciones litigiosas o que puedan generar una doble inmatriculación, siquiera parcial. Pero, conforme al artículo 199 de la Ley Hipotecaria, la mera existencia de la alegación no es suficiente para emitir una calificación negativa, pues dispone en su párrafo cuarto, segundo inciso: «sin que la mera oposición de quien no haya acreditado ser titular registral de la finca o de cualquiera de las registrales colindantes determine necesariamente la denegación de la inscripción».

El colindante que formula alegación puede ser catastral o registral. La alegación de este último resulta más cualificada y merecedora de mayor consideración, pero ello no es óbice, como declaró la Resolución de esta Dirección General de 16 de octubre de 2024, para que el registrador haya de analizar su contenido en cuanto a su verosimilitud objetiva. El registrador ha de expresar su juicio acerca de cómo la inscripción de la representación gráfica afectaría al titular registral que formula la oposición, para que su juicio no sea arbitrario o discrecional, sin que pueda limitarse a objetar la existencia de la alegación contraria, pues ello podría provocar indefensión en el hipotético recurrente, que no podría conocer el defecto en toda su extensión e intensidad, lo que es necesario para preparar con todos los medios a su disposición el correspondiente recurso, por aplicación del principio de proscripción de la indefensión de nuestro ordenamiento jurídico, que proclama el artículo 24 de nuestra Constitución.

En el presente caso, frente a la inscripción de esta descripción y de la georreferenciación resultante el colindante por el lindero este, titular de la finca registral 8.186 de Cuarte de Huerva, que se corresponde con la identidad de la parcela catastral con referencia: 2764303XM7026S0001PZ, se opone a la inscripción de la georreferenciación, puesto que las dos habitaciones, situadas al fondo de su finca registral, están incluidas en la planta baja de la construcción situada en su finca registral 8.186, aunque están situadas bajo la finca registral 967. Acompaña para sustentar su alegación un levantamiento topográfico, elaborado por técnico, siguiendo la doctrina de la Resolución de 9 de julio de 2024, cuando declaró que es de suma importancia que el colindante acompañe algún principio de prueba que sustente su alegación, como puede ser un informe técnico, según la Resolución de 31 de octubre de 2024, aunque no exista obligación legal para ello, por lo que la ausencia de ese principio de prueba no debe conllevar automáticamente la desestimación de las alegaciones, según la Resolución de 12 de septiembre de 2024. En el presente caso, es clave la afirmación del técnico del colindante alegante quien afirma que las entradas a ambas fincas están a distinto altura, declarando: «Hay dos habitaciones en planta calle, situadas entrando al fondo, a una cota absoluta de 292,16 metros. Estas dos habitaciones se corresponden con la planta sótano de la parcela colindante, con referencia catastral 2764304XM7026S, dado que la cota de entrada a esta parcela es aproximadamente 295,60 metros. Ambas habitaciones, destinadas a cocina y almacén están dentro de la construcción de la parcela de los hermanos G. B., con referencia catastral 2764303XM7026S y, por lo tanto, correspondiente a la Finca Registral 8.186. La superficie construida de ambas habitaciones es de 25,40 metros cuadrados. Se realiza la georreferenciación de las dos habitaciones incluidas en la planta baja de la construcción situada en la parcela con referencia catastral 2764303XM7026S0001PZ, finca registral 8.186 y situadas bajo la finca registral 967».

De ello se derivan dos circunstancias a tener en cuente. La primera, que estamos ante un supuesto de engalaberno y que las habitaciones de la finca 8.186, que constituyen el sótano de la finca 967, ocupan una porción determinada de suelo, situándose la finca 967 sobre su vuelo. La segunda es que no consta en el Registro referencia alguna al régimen jurídico que debe regir la situación de engalaberno.

La Sentencia del Tribunal Supremo número 2305/2021 de 7 de junio, considera en su fundamento de Derecho segundo que el engalaberno es un supuesto de medianería horizontal, que admite, aunque no se regule expresamente en el Código Civil «en aquellas situaciones en que se produce el fenómeno constructivo de superposición de edificaciones, en el que una de ellas pisa sobre la otra con la que colinda. Este fenómeno se conoce igualmente con el nombre de “casas a caballo”. Se utiliza también el término de engalaberno para hacer referencia a supuestos en los que una edificación construida en su propio solar invade o se apoya sobre otra construcción levantada en un terreno colindante, con ocupación de su vuelo o subsuelo (…) La particularidad de estos supuestos radica en la horizontalidad del elemento medianero, paralelo respecto al suelo, que sirve de techo para una de las edificaciones y de suelo para la otra, y que se configura como el único elemento común de relación entre las fincas, sometido como tal a un particular, y no sencillo, régimen jurídico derivado de su propia naturaleza y esencia». En el presente caso, se dan las circunstancias concurrentes para la aplicación de la doctrina de la medianería horizontal, pues los inmuebles de ambas partes no tienen un origen común, están asentados sobre solares distintos, que constituyen dos fincas registrales independientes, con sus parcelas catastrales correspondientes, sin que las partes hayan pactado expresamente el régimen de propiedad horizontal. Por ello, es de aplicación lo dispuesto en el artículo 579 del Código Civil, por el cual, cada medianero podrá utilizar la pared medianera, en este caso, situada sobre el techo y bajo el suelo de cada una de las fincas, sin impedir el uso común y respectivo de los demás medianeros, para lo cual deberá obtener el previo consentimiento del otro medianero; y «si no lo obtuviere, se fijarán por peritos las condiciones necesarias para que la nueva obra no perjudique a los derechos de aquéllos».

Por su parte, la Resolución de esta Dirección General de 15 de septiembre de 2009 declaró que debe admitirse «la existencia del fenómeno constructivo relativo a la superposición de inmuebles, de modo que la edificación de uno de ellos se realiza, en parte, sobre el vuelo de otro, dando lugar a situaciones de inmisión de algunas habitaciones u otros elementos del inmueble en distinto edificio (pudiendo éste hallarse configurado en régimen de propiedad horizontal, como ocurre en el presente caso). Estas situaciones, que según los casos reciben denominaciones como las de “casas superpuestas”, “casas a caballo”, “casas empotradas”, o la más técnica de “engalabernos”, pueden configurarse jurídicamente por distintas vías, atendiendo a las diferentes circunstancias del caso concreto. Y aunque, en principio, el régimen de propiedad horizontal sobre todo el conjunto puede ser el más adecuado, por ser el aplicable directamente cuando concurran los presupuestos del mismo o por su aplicación analógica a los complejos inmobiliarios privados (cfr. artículo 24 de la Ley de Propiedad Horizontal), lo cierto es que no pueden descartarse otras soluciones distinta a la referida por la registradora en la calificación impugnada, como puede ser la de la medianería horizontal, según ha admitido el Tribunal Supremo (cfr. Sentencias de 24 de mayo de 1943, 28 de abril de 1972, 28 de diciembre de 2021 y 14 de abril de 2005), o la de comunidad sui generis sobre cada una de las casas colindantes (a la que se refieren la citada Sentencia de 28 de diciembre de 2001 y la Resolución de esta Dirección General de 20 de julio de 1998). Por lo demás, en el presente caso y por las razones que han quedado expuestas, debe confirmarse la calificación en cuanto expresa que resulta necesario el acuerdo aprobatorio adoptado por la Junta de Propietarios de la comunidad (cfr. artículos 5, 12 y 17.1 de la Ley de Propiedad Horizontal)».

Con respecto a la inscripción de la georreferenciación de una finca en la que existe una casa en engalaberno, debemos recordar la doctrina de esta Dirección General sobre la imposibilidad de que una sola georreferenciación se atribuya a varias fincas registrales, fijada en la Resolución de 5 de noviembre de 2019, cuando declara que «si bien es posible que una finca registral tenga varias representaciones gráficas catastrales (cfr. Resolución conjunta de la Dirección General de los Registros y del Notariado y de la Dirección General del Catastro de 26 de octubre de 2015, apartado octavo, párrafo tercero); sin embargo, no es posible el supuesto inverso, es decir, que una sola representación gráfica se atribuya a varias fincas registrales, ya que la inscripción de dicha representación implicaría encubrir un acto de agrupación, lo cual proscribe expresamente los artículos 199 y 201 de la Ley Hipotecaria (cfr. Resolución 19 de diciembre de 2017). No constando en el Registro la existencia y régimen jurídico de ese engalaberno, la alegación del colindante determina que debe convenirse entre ambos titulares registrales el régimen de la medianería horizontal entre ellos, toda vez que la finca objeto del expediente se apoya sobre el vuelo de la finca colindante, que es la que se ubica sobre el suelo, por lo que debe consentir que esas coordenadas sean utilizadas en la georreferenciación de una finca que no es de su propiedad y que se apoya sobre el vuelo de su finca.

En este sentido, declaró la Resolución de 18 de abril de 2016 en su fundamento de Derecho tercero que «debe admitirse que es un hecho -a veces motivado por razones históricas de configuración urbanística de determinadas ciudades, o por las simples condiciones del terreno- la existencia del fenómeno constructivo relativo a la superposición de inmuebles, de modo que la edificación de uno de ellos se realiza, en parte, sobre el vuelo de otro, dando lugar a situaciones de inmisión de algunas habitaciones u otros elementos del inmueble en distinto edificio (pudiendo éste hallarse configurado en régimen de propiedad horizontal, como ocurre en el presente caso). Estas situaciones, que según los casos reciben denominaciones como las de “casas superpuestas”, “casas a caballo”, “casas empotradas”, o la más técnica de “engalabernos”, pueden configurarse jurídicamente por distintas vías, atendiendo a las diferentes circunstancias del caso concreto. Y aunque, en principio, el régimen de propiedad horizontal sobre todo el conjunto puede ser el más adecuado, por ser el aplicable directamente cuando concurran los presupuestos del mismo o por su aplicación analógica a los complejos inmobiliarios privados (cfr. artículo 24 de la Ley sobre propiedad horizontal), lo cierto es que no pueden descartarse otras soluciones distintas, como puede ser la de la medianería horizontal, según ha admitido el Tribunal Supremo (cfr. Sentencias de 24 de mayo de 1943, 28 de abril de 1972, 28 de diciembre de 2001 y 14 de abril de 2005), o la de comunidad sui generis sobre cada una de las casas colindantes (a la que se refieren la citada Sentencia de 28 de diciembre de 2001 y la Resoluciones de esta Dirección General de 20 de julio de 1998 y 15 de septiembre de 2009)».

Aplicando la doctrina de las dos anteriores resoluciones citadas resulta que para inscribir la georreferenciación de una finca que contiene un engalaberno se requiere una agrupación de ambas, con fijación de cuotas para cada propietario, la constitución de una propiedad horizontal, o se configure como medianería horizontal, siendo necesario en todo caso el consentimiento expreso del colindante alegante, para la definición del régimen jurídico del engalaberno.

Por tanto, faltando dicho consentimiento y oponiéndose el colindante a la inscripción de la georreferenciación, el defecto debe ser confirmado. La registradora ha formulado correctamente el defecto en la nota de calificación donde entiende «fundamentada la oposición formulada en las alegaciones referidas, de las que resulta un problema de titularidad dominical que debe ser resuelto por acuerdo entre ambas partes o por resolución judicial partiendo de que se ha puesto de manifiesto la existencia de un suelo común entre la parcela de los promotores y la del alegante, constatándose que con la representación gráfica propuesta se invade otra finca ya inscrita en el subsuelo con ocasión del engalaberno existente, lo que motiva la denegación de la inscripción solicitada». Es decir, la registradora entiende que existe un indicio de posible contienda judicial por lo que, como declaró la Resolución de 25 de marzo de 2025, ni la calificación registral ni el recurso contra la calificación registral negativa son el cauce apropiado para resolver un conflicto entre titulares registrales colindantes, cuestión que, a falta de acuerdo entre los interesados, habrá de ser resuelta en los tribunales de justicia. Todo ello nos lleva a la conclusión de confirmar la nota de calificación y no estimar el recurso interpuesto contra ella.

No pueden estimarse las alegaciones del recurrente sobre el carácter anterior de la inscripción de la finca 967 sobre la de la finca 8.186, invocando el principio de prioridad registral. En primer lugar, el principio hipotecario invocable en el presente caso sería el de inoponibilidad de lo no inscrito del artículo 32 de la Ley Hipotecaria. Dicho principio no es aplicable, puesto que no estamos ante situaciones jurídicas contradictorias, sino ante la falta de delimitación del régimen jurídico de un espacio o porción de territorio que se ubica sobre dos fincas distintas, el cual habrá de determinarse para evitar el acceso al Registro de un título que pudiera ser claudicante, con la correspondiente lesión para la seguridad del tráfico jurídico inmobiliario por una posible inexactitud de la publicidad registral, de estimarse el recurso y ordenar la inscripción de la georreferenciación.

Por todo lo razonado, esta Dirección General ha acordado desestimar el recurso y confirmar la nota de calificación, por existir un indicio de posible conflicto en la delimitación de la situación física de la finca, al no haberse determinado el régimen jurídico del elemento vuelo de la finca registral 8.186, que a la vez es el suelo de la finca 967, para lo que se requiere el acuerdo de las partes, en escritura pública, o mediante conciliación registral, sin que pueda resolverse la situación a través del expediente del artículo 199.1 de la Ley Hipotecaria.

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2026-5487

Vistos los artículos 24 de la Constitución Española; 530 y 579 del Código Civil, 1, 9, 18 y 199 de la Ley Hipotecaria; la Sentencia del Tribunal Supremo número 2305/2021, de 7 de junio; las Resoluciones de la Dirección General de los Registros y del Notariado de 15 de septiembre de 2009, 5 de marzo de 2013, 18 de abril y 19 de julio de 2016 y 5 de noviembre de 2019, y las Resoluciones de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública de 29 de noviembre y 5 y 15 de diciembre de 2023, 22 y 26 de marzo, 9 de julio, 12 de septiembre y 3, 16 y 31 de octubre de 2024 y 24 y 25 de marzo y 28 de julio de 2025.


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