DENEGACIÓN APERTURA ART. 199.2 LH. OBRA NUEVA. DUDAS DE IDENTIDAD. FALTAN TÍTULOS PREVIOS.

En el presente caso, los titulares de la finca registral 3.622 del término de Archidona solicitan en la escritura pública presentada la tramitación de un expediente del artículo 199.2 de la Ley Hipotecaria, como operación necesaria para inscribir una declaración de obra nueva sobre su finca, para su posterior compraventa. Incorporan una georreferenciación alternativa, con informe de validación gráfica de resultado positivo, emitido por la Sede Electrónica del Catastro.

El registrador califica negativamente la inscripción puesto que el título no expresa el estado civil de los adquirentes y, de estar casados, su régimen económico-matrimonial y el estado arrendaticio de la finca. Dichos defectos no son objeto de recurso. Respecto al inicio de la tramitación del expediente del 199.2 de la Ley Hipotecaria deniega el inicio de su tramitación, por dudas en la identidad de la finca, consistente en una posible invasión de la finca matriz, de la que procede la que es objeto del expediente. Ello puede encubrir una operación de modificación de entidad hipotecaria, como es una agrupación, puesto que la finca registral 2.642 del término de Archidona era el lindero izquierdo de la finca registral 3.622, que se segregaba de la misma, lindando por derecha la finca registral 2.642 con la segregada 3.622. Sin embargo, esa situación de colindancia desaparece en la descripción actualizada de la finca. Concretamente, el lindero izquierdo actual de la finca son las fincas situadas en calle (…) y calle (…), que se corresponden respectivamente con las fincas registrales 14.182 y 12.923 de Archidona. Es decir, desaparece toda referencia a la finca 2.642 de término de Archidona, implicando un indicio de acto de agrupación. Como consecuencia de ello, tampoco practica la inscripción de la declaración de la obra nueva.

El notario autorizante del título interpone recurso contra la anterior calificación, alegando que el informe de validación gráfica acredita la realidad física de la finca, que la finca registral 2.642 no tiene una realidad física en la actualidad, que los titulares registrales actuales adquirieron la finca 3.622 en el año 2009, lindando con frente con calle y fondo con calle (…), desconociendo las inexactitudes históricas derivadas de la configuración registral originaria, generando la negativa registral inseguridad jurídica, puesto que las dudas de identidad del registrador carecen de soporte técnico y pueden resolverse tramitando el expediente del artículo 199 de la Ley Hipotecaria, puesto que la existencia de segregaciones o discrepancias históricas no justifica, por sí misma, la denegación del archivo de la base gráfica, según doctrina reiterada de esta Dirección General, ni pueden oponerse a los titulares actuales.

Antes de entrar en el fondo del asunto, deben precisarse, en el presente caso, dos cuestiones formales. La primera de carácter terminológico y la segunda sobre el alcance del valor del informe de validación gráfica.

Respecto a la cuestión terminológica, el recurrente entiende que la calificación registral debe revocarse, porque procede el archivo de la base gráfica. Tras la Ley 13/2015, de 24 de junio, de reforma de la Ley Hipotecaria y del Catastro, ya no puede hablarse de la técnica del archivo de la base gráfica, que parece recordar a la técnica del archivo del plano, que hoy es una técnica registral subsidiaria. Dicha ley ha configurado la georreferenciación de la finca en una circunstancia más del asiento registral, bien sea con carácter obligatorio (en los supuestos enumerados en el artículo 9.b), primer párrafo, de la Ley Hipotecaria o en el supuesto de la inscripción de la obra nueva, por aplicación del artículo 202 de la Ley Hipotecaria, que obliga a identificar la georreferenciación de la superficie ocupada por la edificación, para que el registrador pueda calificar que la misma se ubica íntegramente dentro de ella y como consecuencia de ello inscribirla). Si bien lo hizo, en ocasiones con terminología confusa, utilizando la imprecisa expresión de incorporación al folio real, como hace en el párrafo tercero del artículo 9.b) de la Ley Hipotecaria, en otras habla directamente de inscripción, como el párrafo séptimo del mismo artículo 9.b). La georreferenciación es una circunstancia más del asiento y que puede ser inscrita ya no puede dudarse, tras la entrada en vigor de la Ley 11/2023, de 8 de mayo, de digitalización de las funciones notarial y registral, que da nueva redacción al artículo 238.4 de la Ley Hipotecaria, que reconoce expresamente que la representación gráfica georreferenciada de la finca será objeto de inscripción.

Respecto a la segunda de las cuestiones relativas al valor del informe de validación gráfica, como han declarado las Resoluciones de 20 de junio y 21 de diciembre de 2022, el medio más idóneo y sencillo de incorporar a una escritura notarial, o a cualquier otro documento, una determinada georreferenciación alternativa a la catastral de modo auténtico, indubitado y que permita que el Registro de la Propiedad pueda después acceder a ella en toda su integridad, es incorporar al documento el código seguro de verificación del informe de validación técnica de la correspondiente georreferenciación alternativa en la sede electrónica del Catastro. Además, dicho informe lo que acredita es que el archivo GML alternativo al Catastral cumple con los requisitos exigidos por los puntos uno y cuatro del apartado séptimo de la Resolución conjunta de la Dirección General de los Registros y del Notariado y de la Dirección General del Catastro de 26 de octubre de 2015. El informe de validación gráfica no acredita, como pretende el notario recurrente, la realidad jurídica de la finca. Si analizamos la georreferenciación alternativa aparece una parcela delimitada por dos calles y una construcción. Sin embargo, registralmente, existen dos solares para construir edificios, con distinto número de finca, e incluso con diferentes titulares registrales. Como ha declarado la Resolución de 29 de julio de 2024, es erróneo afirmar que la realidad física es la que determina la seguridad jurídica. Así no toda alteración de la realidad física de una finca ha de trasladarse al Registro. Para ello, es preciso que ésta tenga trascendencia jurídica y que se cumplan las exigencias previstas por la legislación hipotecaria, lo que no parece haber ocurrido en el presente caso.

Por ello, la Resolución de 10 de abril de 2024 reiteró que un informe de validación catastral positivo no significa necesariamente que la representación gráfica georreferenciada pueda ser inscrita en el Registro, como parece pretender el notario recurrente. Por su parte, las Resoluciones de 8 de septiembre de 2021 y 19 de julio de 2022 declararon que, aunque el apartado segundo del punto primero de la Resolución conjunta de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública y de las Dirección General del Catastro de 23 de septiembre de 2020, diga que el informe de validación catastral negativo impedirá la coordinación de la representación gráfica alternativa, ello no implica un defecto que impida la inscripción registral, sino que es una mera advertencia de que, aunque la representación gráfica resultante de un informe de validación catastral negativo sea inscribible, no podrá lograrse su coordinación gráfica con el Catastro.

Entrando en el fondo del asunto, procede determinar, como ha declarado reiteradamente esta Dirección General en Resoluciones, como las de 29 de noviembre de 2023 y 22 de marzo de 2024, si la calificación registral negativa recurrida es o no ajustada a Derecho. Ello nos ha de conectar con el análisis del primero de los puntos de la doctrina reiterada de esta Dirección General relativo a la inscripción de las georreferenciaciones de las fincas, expresada en Resoluciones como las de 5 y 15 de diciembre de 2023 o la de 28 de julio de 2025. Es decir: «a) el registrador ha de calificar la existencia o no de dudas en la identidad de la finca, que pueden referirse: a que la representación gráfica aportada coincida en todo o en parte con otra base gráfica inscrita o con el dominio público, o a que se invadan fincas colindantes inmatriculadas, o a que se encubra un negocio traslativo u operación de modificación hipotecaria».

En el presente caso, la calificación registral negativa se funda en las dudas en la identidad de la finca, que se derivan del contenido del Registro. Así la finca registral 3.622 se describe como: «Urbana: Casa ubicada en la Calle (…), de 105,46 metros cuadrados de extensión. Linda: Frente con calle de su situación, Derecha entrando con A. V. Q., izquierda, J. L. C. R. y fondo calle (…)». Dicha finca se forma por segregación de la finca 2.642 de Archidona, según consta en la inscripción primera de la finca 3.622, en la que se decía que don R. G. G. había adquirido del Ayuntamiento dos solares para construir edificios de 210,92 metros cuadrados, que se integraban en la citada finca matriz 2.642, de la que se segrega la 3.622, siendo su lindero izquierda la finca matriz 2.642, o solar para edificar de 105,46 de don R. G. G. Dicho lindero izquierda se mantiene hasta la inscripción 8.ª de compra, donde la compra el padre de los actuales titulares registrales. se identifica.

La finca registral 2.462 de Archidona se describía, en su inscripción 1.ª como: «dos solares para fabricar casas (…) que hacen 210,92 metros cuadrados, situados en la calle (…) de esta villa de Archidona». Los dos solares que integraban la finca 2.462, «lindan por los costados y espalda con más porción de (…)». Teniendo en cuenta que esta finca 2.642 procede por segregación de la finca 894, titularidad del Ayuntamiento y denominada como «(…)», es evidente que la finca 2.642 lindaba por todos sus vientos con su matriz. Por tanto, tras la segregación de la finca 3.622, la finca 2.642 queda como un solar de 105,46 metros cuadrados. La finca 3.622 también tiene la misma superficie. Sin embargo, entre la inscripción 1.ª y 9.ª de la finca registral 3.622 hay una diferencia esencial. El lindero izquierdo, que en las inscripciones 1.ª y 8.ª era la finca matriz 2.462, en la 9.ª se identifica como don J. L. C. R., sin otra referencia. En la descripción, cuya inscripción ahora se solicita, se dice que la finca 3.622 linda por la izquierda norte con las finca situada en calle (…) y por la izquierda sur con la calle (…), que se identifican, respectivamente, con las fincas registrales 14.182 (procedente por división material de la finca 13.939, que a su vez se origina por segregación de la finca 8.822) y 12.923 (procedente por segregación de la finca 8.822, que a su vez procede por segregación de la finca 894).

La descripción cuya inscripción se solicita implica la desaparición de la finca matriz 2.642, que, aunque el notario diga que no tiene una realidad física, si la tiene jurídica. Existe un obstáculo que surge del Registro, puesto que dos solares para edificar, que conforman dos fincas registrales, se convierten en un solo solar y una sola casa, toda vez que los linderos propuestos se refieren a otras fincas registrales, que proceden de fincas distintas de las 3.622 y 2.462, siendo la finca común a todas ellas la finca 894. Ese obstáculo es el que lleva al registrador a formular la calificación negativa, puesto que no estamos ante un supuesto de discordancia de la descripción registral de la finca con la realidad física, sino ante una nueva reordenación de los terrenos, distinta de la que el Registro refleja, desconociéndose la causa de ello, ya sea una doble inmatriculación, una agrupación no documentada o sin acceso registral. En todo caso, ello excede del ámbito del artículo 199 de la Ley Hipotecaria. Así es doctrina reiterada de este Centro Directivo, formulada en Resoluciones como la de 13 de noviembre de 2024 (vid., por todas) que las dudas de identidad del registrador pueden referirse a que la representación gráfica aportada invada fincas colindantes inmatriculadas, o pueda encubrir una operación de modificación hipotecaria. Esa duda, formulada acertadamente por el registrador en su nota de calificación, justifica la negativa a tramitar el expediente del artículo 199 de la Ley Hipotecaria. Como declaró la Resolución de 11 de abril de 2024, el registrador puede negarse a iniciar la tramitación del expediente, manifestando sus dudas al inicio del procedimiento, con el fin de evitar dilaciones y trámites innecesarios. Para ello, según la Resolución de 25 de abril de 2024, las objeciones del registrador deben exponerse al inicio del expediente y para que puedan impedir la continuación de éste, han de ser de tal entidad que, previsiblemente, no puedan solventarse durante su tramitación. De no ser así, el expediente ha de continuar, sin perjuicio de la calificación que finalmente proceda, a la vista de lo actuado. En el presente caso, la omisión de la existencia jurídica del folio registral de la finca 2.462 no puede resolverse con la tramitación del expediente y la notificación a los colindantes, puesto que dicha finca desaparece como colindante, siendo necesario determinar en virtud de que acto jurídico regular desaparece dicha finca. Y en ello debe participar el titular registral de la finca 2.462, lo que excede de una mera intervención en la tramitación del expediente del artículo 199.

Desde el punto de vista de la rectificación de la superficie, que aumentaría en 40,54 metros cuadrados, debe recordarse la doctrina de esta Dirección General, formulada en Resoluciones como la de 20 de diciembre de 2016, citada por el registrador, que afirmó que: «Como se ha señalado en las Resoluciones de 17 de octubre de 2014 y 21 de marzo de 2016, siguiendo esta doctrina consolidada: “a) La registración de un exceso de cabida stricto sensu solo puede configurarse como la rectificación de un erróneo dato registral referido a la descripción de la finca inmatriculada, de modo que ha de ser indubitado que con tal rectificación no se altera la realidad física exterior que se acota con la descripción registral, esto es, que la superficie que ahora se pretende constatar tabularmente es la que debió reflejarse en su día por ser la realmente contenida en los linderos originalmente registrados; b) que fuera de esta hipótesis, la pretensión de modificar la cabida que según el Registro corresponde a determinada finca, no encubre sino el intento de aplicar el folio de esa última a una nueva realidad física que englobaría la originaria finca registral y una superficie colindante adicional, y para conseguir tal resultado el cauce apropiado será la previa inmatriculación de esa superficie colindante y su posterior agrupación a la finca registral preexistente. Este método, por tanto, solo debe permitir la corrección de un dato mal reflejado en su término inicial al inmatricular la finca, por lo que la existencia de dudas que pudiera albergar el registrador de encontrarnos en cualquier otro caso –inmatriculaciones de parcelas colindantes o encubrimiento de otras operaciones como agrupaciones o agregaciones– pueden (y deben) generar una calificación negativa a la inscripción del exceso –o defecto– de cabida declarado. Tras la reforma operada por la Ley 13/2015 también es indiscutible que para proceder a cualquier rectificación de la descripción es preciso que no existan dudas sobre la realidad de la modificación solicitada (…)». En el presente caso, la modificación del lindero izquierda implica que la realidad física de una parte de la finca 2.462 se integre en la finca registral 3.622, lo que excede del concepto de rectificación de superficie, implicando una reordenación de los terrenos, mediante un acto de modificación de entidad hipotecaria no documentado.

No son admisibles las afirmaciones del notario recurrente, formuladas en el escrito de interposición del recurso, cuando declara que el informe de validación acredita la correspondencia con el Catastro y con la realidad física, sin invasión de colindantes, puesto que aquí lo que está en discusión es quienes son esos colindantes, puesto que según el Registro es el titular registral de la finca 2.642, aunque haya desaparecido en la última inscripción de la finca, previa a la entrada en vigor de la Ley 13/2015. Tampoco puede admitirse la falta de motivación de las dudas fundadas, puesto que el registrador hace un análisis del historial registral de las fincas implicadas y de las de procedencia, concluyendo que «de admitir la representación gráfica alternativa propuesta, la finca registral 3.622 lindaría a la izquierda entrando (este) no con la finca registral 2.642 (su finca matriz), sino con la finca registral 894 (con fincas filiales de la 894), lo cual solo es posible mediante una apropiación de parte de la superficie de la finca 2.642. Todo lo anterior implica, no ya un ajuste cartográfico o precisión de superficie, sino una modificación del perímetro de ambas fincas implicadas (3.622 y 2.642) que precisa de otros procedimientos para acceder al Registro, en particular: segregar una porción de la finca registral 2.642 y agruparla con la finca registral 3.622. Dicho de otro modo: la finca registral 3.622 no consta en el Registro con una superficie errónea, sino que la diferencia de superficie entre la finca registral y la representación gráfica alternativa obedece a una operación de modificación de entidad hipotecaria (segregación y agrupación) que no ha tenido acceso al Registro».

No puede pretenderse, como defiende el notario recurrente que no puede oponerse a los titulares registrales actuales la existencia jurídica de una finca registral, que no tiene realidad física. De admitirlo, se dejaría en la indefensión al titular de la finca registral 2.462, lo que excede del ámbito del expediente del artículo 199 de la Ley Hipotecaria. Si la finca 2.467 no existe en la realidad física, ello no es óbice para que exista un asiento registral, que una vez practicado, está bajo la salvaguardia de los tribunales y no puede rectificarse su historial registral, sin consentimiento de su titular registral, u orden de la autoridad judicial recaída en el procedimiento en el que el titular registral de la finca 2.462 haya sido parte. Mientras tanto, el asiento registral goza del principio de legitimación registral, presumiéndose que el derecho existe y pertenece a su titular registral en la forma determinada en el asiento respectivo, conforme al artículo 38.1.º de la Ley Hipotecaria.

 Tampoco puede mantenerse, como entiende el notario recurrente, la doctrina por la que las segregaciones o discrepancias históricas no justifican, por sí mismas, la denegación de la inscripción de una georreferenciación. Tampoco presuponen la misma, debiendo estarse a las particulares circunstancias del caso concreto. Las Resoluciones citadas por el notario en su escrito de interposición del recurso, más que afirmar lo que mantiene el notario recurrente, mantienen una postura contraria. Así, si acudimos, por ejemplo, a la Resolución de 22 de mayo de 2024, afirma en su fundamento de Derecho tercero:

«Conviene recordar que el principio de tracto sucesivo, consagrado en el artículo 20 de la Ley Hipotecaria, impone que para inscribir actos declarativos, constitutivos, modificativos o extintivos del dominio o de los derechos constituidos sobre el mismo, dichos actos deberán estar otorgados por los titulares registrales, ya sea por su participación voluntaria en ellos, ya por decidirse en una resolución judicial dictada contra los mencionados titulares registrales, lo cual no es sino aplicación del principio de legitimación registral, según el cual “a todos los efectos legales se presume que los derechos reales inscritos en el Registro existen y pertenecen a su titular en la forma determinada por el asiento respectivo” (artículo 38.1.º de la Ley Hipotecaria).

Como ha afirmado con reiteración esta Dirección General (vid., por todas, la Resolución de 10 de abril de 2017) es principio básico de nuestro Derecho hipotecario, íntimamente relacionado con los de salvaguardia judicial de los asientos registrales y el de legitimación, según los artículos 1, 38, 40 y 82 de la Ley Hipotecaria, el de tracto sucesivo, en virtud del cual, para inscribir un título en el Registro de la Propiedad se exige que esté previamente inscrito el derecho del transmitente (artículo 20 de la Ley Hipotecaria). En consecuencia, estando la finca transmitida, inscrita en el Registro de la Propiedad y bajo la salvaguardia de los tribunales a favor de una persona distinta, no podrá accederse a la inscripción del título calificado sin consentimiento del titular registral, que resulte de los correspondientes títulos traslativos con causa adecuada (cfr. artículos 2 y 17 de la Ley Hipotecaria).

La presunción “iuris tantum” de exactitud de los pronunciamientos del Registro, así como el reconocimiento de legitimación dispositiva del titular registral llevan consigo el cierre del Registro a los títulos otorgados por persona distinta de dicho titular o derivados de procedimientos judiciales o administrativos en que el mismo no haya tenido intervención.

Sólo con las mencionadas cautelas puede garantizarse el adecuado desenvolvimiento del principio constitucional de la protección jurisdiccional de los derechos e intereses legítimos y de la interdicción de la indefensión, con base en el artículo 24 de la Constitución Española, una de cuyas manifestaciones tiene lugar en el ámbito hipotecario a través de los reseñados principios de salvaguardia judicial de los asientos registrales, tracto sucesivo y legitimación.

Esta doctrina ha sido refrendada por la propia jurisprudencia del Tribunal Supremo (Sentencias de la Sala Primera de 21 de marzo de 2006 y 28 de junio y 21 de octubre de 2013) al afirmar que “el registrador puede y debe calificar si se ha cumplido la exigencia de tracto aun cuando se trate de documentos judiciales, ya que precisamente el artículo 100 del Reglamento Hipotecario permite al registrador calificar del documento judicial ‘los obstáculos que surjan del Registro’, y entre ellos se encuentra la imposibilidad de practicar un asiento registral si no ha sido parte o ha sido oído el titular registral en el correspondiente procedimiento judicial” (cfr. Resolución de 17 de septiembre de 2014).

En consecuencia, estando inscrito el dominio a nombre de persona distinta de la otorgante, no cabe acceder a la inscripción mientras no se presenten los títulos oportunos que acrediten las distintas transmisiones efectuadas, o se acuda a alguno de los medios que permite la Ley Hipotecaria para reanudar el tracto sucesivo interrumpido (cfr. artículo 208 de la Ley Hipotecaria).»

Como consecuencia de lo anterior, también debe confirmarse la denegación de la inscripción de la declaración de la obra nueva. Como han declarado las Resoluciones de 4 de enero y 19 de abril de 2019, en los que se trataba de la solicitud de inscripción de una obra nueva, la calificación registral consistirá en determinar si la superficie ocupada por la edificación, debidamente determinada por sus coordenadas, se ubica íntegramente dentro de las coordenadas de la superficie de la finca en la que se ubica, mediante la comparación de sus geometrías. En el presente caso, falta uno de los elementos de la comparación, al entender el registrador que no se cumplen los requisitos necesarios para iniciar la tramitación del expediente del artículo 199 de la Ley Hipotecaria. Ya la Resolución de esta Dirección General de 28 de septiembre de 2016 exigió la inscripción de la georreferenciación de la finca, como paso previo para poder inscribir la obra nueva, cuando existen dudas en el sentido de que la construcción puede extralimitarse de la finca registral desde el punto de vista espacial o geométrico. Pero, tras la Resolución de 24 de junio de 2025, debe exigirse como principio la inscripción de la representación gráfica de la finca en todo supuesto de inscripción de declaración de obra nueva. Únicamente a través de la inscripción de la base gráfica podrá realizarse tal análisis geométrico espacial que permitirá comprobar que la edificación o instalación se ubica dentro de los límites de la georreferenciación de la finca. Además, evitará que a través del reflejo registral de las coordenadas de la porción de suelo ocupada por la edificación tenga acceso al Registro un listado de coordenadas que ubiquen la finca (al menos parcialmente) en el territorio, sin sujetarse a lo previsto en los artículos 9.b) y 199 de la Ley Hipotecaria y, especialmente, al artículo 10.5 de la Ley Hipotecaria, cuando dispone: «Alcanzada la coordinación gráfica con el Catastro e inscrita la representación gráfica de la finca en el Registro, se presumirá, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 38, que la finca objeto de los derechos inscritos tiene la ubicación y delimitación geográfica expresada en la representación gráfica catastral que ha quedado incorporada al folio real». Por tanto, la georreferenciación de la finca debe ser objeto de inscripción en toda declaración de obra nueva, con el efecto fundamental de la extensión de los efectos del principio de legitimación registral a la ubicación y delimitación geográfica resultante de la georreferenciación inscrita y, por extensión, a la ubicación de la edificación que se declara. No pudiendo inscribirse en el presente caso la georreferenciación de la finca, tampoco puede inscribirse la declaración de obra nueva sobre ella.

Por todo lo razonado, esta Dirección General ha acordado desestimar el recurso y confirmar la nota de calificación por estar fundamentadas las dudas del registrador sobre la alteración de la realidad física amparada por el folio registral, pues de admitir la inscripción de la georreferenciación, se estaría dejando en indefensión al titular registral de la finca 2.462 de Archidona, lo cual impide también la inscripción de la declaración de obra nueva, puesto que la realidad jurídica de la finca en la que se declara no es indubitada y no permite la inscripción de la base gráfica.

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2026-10621

Vistos los artículos 24 de la Constitución Española; 1, 9, 10, 18, 20, 38 y 199 de la Ley Hipotecaria; la Resolución de 26 de octubre de 2015, conjunta de la Dirección General de los Registros y del Notariado y de la Dirección General del Catastro, por la que se regulan los requisitos técnicos para el intercambio de información entre el Catastro y los Registros de la Propiedad; la Resolución de 23 de septiembre de 2020, conjunta de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública y de la Dirección General del Catastro, por la que se aprueban especificaciones técnicas complementarias para la representación gráfica de las fincas sobre la cartografía catastral y otros requisitos para el intercambio de información entre el Catastro y el Registro de la Propiedad; las Resoluciones de la Dirección General de los Registros y del Notariado de 4 de enero y 23 de abril de 2019, y las Resoluciones de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública de 8 de septiembre de 2021, 20 de junio, 19 de julio y 21 de diciembre de 2022, 29 de noviembre y 5 y 15 de diciembre de 2023, 22 de marzo, 10 y 11 de abril, 22 de mayo, 29 de julio y 13 de noviembre de 2024 y 24 de junio y 28 de julio de 2025.

Deja una respuesta