En el presente caso, se solicita la inscripción de una declaración de obra nueva sobre la finca registral 15.078 de Vimianzo, de 216 metros cuadrados, manifestando los otorgantes que dicha finca se corresponde con la identidad de la parcela catastral con referencia 002300600MH97D0001WB, con una superficie de 293 metros cuadrados. Se acompaña informe catastral de ubicación de las construcciones con código seguro de verificación.
La registradora, en vista de la solicitud, suspende la inscripción, porque no puede comprobar que las coordenadas de la superficie ocupada por la edificación se ubiquen íntegramente dentro de la finca sobre la que se declara, porque no se aportan la georreferenciación de la finca y porque no se acredita la autorización previa de la obra por parte de la Administración titular del dominio público hidráulico, ya que la finca linda con río por el oeste.
El recurrente alega en su escrito de interposición del recurso, esencialmente, que la registradora ha señalado un defecto que no fue señalado en la calificación anterior por la registradora titular, por lo que está infringiendo el principio de calificación global y unitaria, en virtud del cual, entiende el recurrente, que no se pueden formular nuevos defectos, como ha declarado la reiterada doctrina de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública, que entiende que es vinculante para la registradora.
Antes de entrar en el fondo del asunto, desde un punto de vista formal, cabe decir que no es necesario y es incluso contraproducente, en aras a poder apreciar la congruencia del escrito de interposición del recurso, la inserción literal del texto íntegro de las Resoluciones citadas por el recurrente, pues es la doctrina que pueda extraerse de las mismas la que fundamenta el escrito de interposición del recurso, máxime cuando ha sido redactado por un profesional del Derecho.
A continuación deben puntualizarse alguna de las afirmaciones realizadas por el recurrente, que son erróneas al interpretar erróneamente la legislación y las Resoluciones de esta Dirección General. En primer lugar, afirma el recurrente que la calificación registral ha de ser global y unitaria. Así lo ha declarado también esta Dirección General en multitud de Resoluciones, como la de 16 de diciembre de 2021, cuando entiende que la consecuencia de que la calificación haya de ser global y unitaria es que, en una segunda calificación, el registrador no puede oponer un nuevo defecto al ya señalado en la primera, no habiéndose alterado el documento calificado; por lo que el nuevo defecto no puede impedir la inscripción. Sin embargo, olvida el recurrente que la segunda calificación ha sido emitida por una registradora diferente a la primera, cuya calificación, ha de ser global y unitaria, como la de la primera, pero también independiente, por lo que no está vinculada por la calificación del título hecho por calificaciones anteriores de otro registrador, puesto que el registrador, cuando califica, califica bajo su propia responsabilidad, por lo que no debe entenderse vinculado por un hipotético error de un registradora anterior, incluso bajo la vigencia del mismo asiento de presentación, como entendió la Resolución de esta Dirección General de 16 de septiembre de 2019.
Y ello es así, porque como ha declarado reiteradamente esta Dirección General, en Resoluciones como la de 26 de febrero de 2020, la exigencia de que la calificación registral sea global y unitaria, de suerte que en ella se pongan de manifiesto todos los defectos que impiden la inscripción, no obsta a que, en aras del superior principio de legalidad, deba rechazarse la inscripción si se observan nuevos defectos que la impidan, aunque no hubieran sido puestos de manifiesto en una calificación anterior, sin perjuicio de la posible responsabilidad disciplinaria del registrador, que en el presente caso, no existe pues la registradora ahora calificante es distinta de la que dictó la primera calificación. Como declaró la Resolución de 25 de septiembre de 2024, la seguridad jurídica particular del interesado a una calificación íntegra debe ceder ante la seguridad jurídica general de los terceros destinatarios de la publicidad registral.
Pero, es que, además, en el presente caso, no existe un cambio de criterio de la registradora, puesto que es en un momento posterior a la primera calificación, cuando se presenta el informe catastral de ubicación de construcciones, para subsanar uno de los defectos de la primera nota de calificación, cuando la registradora puede comprobar que la construcción se ubica en zona de servidumbre de dominio público hidráulico, que exige la autorización previa de la Administración competente. Así, la Resolución de esta Dirección General de 13 de septiembre de 2017 declaró que no existe cambio de criterio del registrador cuando, presentado por primera vez un documento, se le objetan una serie de defectos, y, al ser presentado nuevamente junto con los documentos que pretenden subsanar aquéllos, se aprecia que dichos documentos padecen defectos que, lógicamente, no pudieron ser apreciados en la primera presentación.
En cuanto al carácter de funcionario del registrador, efectivamente así lo es y así lo ha reconocido esta Dirección General en Resoluciones como la de 7 de septiembre de 2018, pero tiene un carácter independiente al ejercer su función, por estar sometido a un especial régimen de responsabilidad, a diferencia del resto de funcionarios públicos, cuyos errores entran dentro de la responsabilidad patrimonial del Estado.
Esta particular naturaleza de la función registral trasciende a todas las vertientes del procedimiento registral, alcanzando también al recurso. Respecto al procedimiento registral, declaró la Resolución de esta Dirección General de 10 de julio de 2024 que el procedimiento registral una naturaleza especial, que no encaja en la puramente administrativa, al versar sobre cuestiones civiles, por lo que la normativa a que está sujeto es la específica contenida en la legislación hipotecaria.
Al respecto, la Sentencia del Tribunal Supremo de 3 de enero de 2011 fijó los siguientes criterios: a) la calificación registral presenta particularidades de notoria importancia respecto del régimen de las actividades de las Administraciones Públicas; b) por ello, la aplicación supletoria de las normas del procedimiento administrativo al ámbito de la calificación registral no puede aceptarse con carácter general ni de manera abstracta; c) las Resoluciones dictadas por la Dirección General de los Registros y del Notariado (hoy Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública) no son, por tanto, un acto administrativo abstracto, sino que tienen por presupuesto un acto de calificación del registrador que, por su contenido, no puede considerarse como un acto sujeto al Derecho Administrativo, de ahí que su legalidad sea examinada por los tribunales civiles, y d) las Resoluciones de la Dirección General son un acto administrativo, pero ello no implica que su regulación haya de regirse por el régimen administrativo general, sin perjuicio de la aplicación de éste cuando haya una remisión específica por parte de la legislación hipotecaria, o cuando se trate de normas administrativas que respondan a los principios generales o materiales de procedimiento propios de todo el ordenamiento.
La legislación hipotecaria regula de manera expresa todo el proceso registral de la calificación, sin contemplar en él el trámite de audiencia al interesado, ni cuando ha sido ya emitida y notificada la calificación, ni cuando eventualmente se haya interpuesto recurso contra la ella. Por tanto, no puede reclamarse la nulidad de una calificación negativa por no haberse dado audiencia al interesado. Por ello, es improcedente la invocación que hace el recurrente a los artículos 74 y 75 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. En primer lugar, porque dicha ley se derogó por la Ley 39/2015, y lo dispuesto en estos artículos se regula hoy en los artículos 71 y 72 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, si bien con una redacción que presenta diferencias no sustanciales con la alegada. En segundo lugar, porque la aplicación del Derecho Administrativo al procedimiento registral es subsidiaria, para aquellos extremos no regulados expresamente en la legislación hipotecaria, lo que no ocurre en el presente caso, puesto que la legislación hipotecaria regula como ha de emitirse la calificación registral, la forma de su notificación y los recursos que pueden interponerse contra las mismas, sin que se haya infringido el artículo 258.5 de la Ley Hipotecaria, pues la calificación de la registradora ha sido global y unitaria, pero también independiente de la formulada por su compañera.
Respecto a la ordenación jerárquica de los registradores, subordinados a la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública y la naturaleza vinculante de las resoluciones de la Dirección General alegadas por el recurrente debe decirse, en primer lugar, que la doctrina de todas las Resoluciones alegadas no guardan identidad de razón con las circunstancias concurrentes en el presente supuesto de hecho, donde se emite una primera calificación por la registradora interina, se aportan nuevos documentos, con base a los cuales la registradora observa un nuevo defecto, que no era posible advertir anteriormente, al no haberse aportado las coordenadas de la superficie ocupada por la edificación.
En segundo lugar, que esa dependencia jerárquica de los registradores, no afecta a la calificación global, unitaria e independiente de la registradora. En este sentido, como declaró la Resolución de 9 de marzo de 2012, con cita a la sentencia de 17 de noviembre de 2006 de la Audiencia Provincial de Granada y a la sentencia de 24 de febrero de 2012 del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, las Resoluciones dictadas por la Dirección General solo son vinculantes para el registrador afectado y para aquéllos que hayan de calificar el documento que las motivó. En este sentido debe ser interpretada la dicción literal del artículo 327 de la Ley Hipotecaria, de manera que, fuera de este ámbito, no puede atribuírseles una eficacia general, pues ello implicaría hacerlas de mayor valor que las decisiones judiciales que resuelven recursos entablados contra las propias resoluciones, las cuales solo afectan a las partes. Distintas son las Resoluciones dictadas por la Dirección General previa consulta, al amparo del artículo 103 de la Ley 24/2001, de 27 de diciembre, que sí tienen fuerza vinculante para notarios y registradores y cuya inobservancia puede ser motivo de sanción disciplinaria, como declaró la Resolución de esta Dirección General de 10 de mayo de 2023.
El recurrente no discute ninguno de los defectos alegados por la registradora, razón por la cual, el recurso ha de ser desestimado. Pero, a modo de razonamientos «obiter dicta», esta Dirección General debe decir, comenzando por el segundo de los defectos, que si el mismo hubiera sido discutido por el recurrente, la Dirección General hubiera confirmado la nota de calificación y desestimado el recurso, puesto que como ya declaramos en las Resoluciones de 27 de febrero de 2014 y 4 de julio de 2019, referidas a casos, como ocurre en el supuesto de hecho de este recurso, en el que la finca sobre la que se declaraba la obra nueva «antigua» lindaba con río, es ajustada a Derecho la calificación en la que el registrador exige la aportación de la correspondiente autorización administrativa que acredite la no sujeción del terreno sobre el que se ha edificado a las servidumbres y limitaciones legales impuestas por la legislación sectorial del dominio público hidráulico. Por su parte, en las Resoluciones de 19 de febrero de 2016, 28 de octubre de 2022 y 8 de febrero de 2023, esta para un supuesto de dominio público hidráulico, como el presente, esta Dirección General declaró que, tras la nueva redacción dada al artículo 9.b) de la Ley Hipotecaria, efectuada por la Ley 13/2015, de 24 de junio, el registrador puede comprobar la sujeción de la finca a las limitaciones legales que minan el derecho edificatorio del titular dominical, a través del sistema informático que permita relacionar la descripción que figura en el folio real con las diferentes limitaciones o afecciones administrativas. En el presente caso, se acredita la antigüedad de la obra con certificado del técnico en el que declara que la misma se terminó en el año 1987. Ya en ese momento estaban en vigor los artículos 6 y 9 del Reglamento del Dominio Público Hidráulico, aprobado por Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, que aunque ha sido modificado en su redacción por leyes posteriores, ya en su redacción original fijaba una zona de policía de 100 metros y conforme al artículo 9.3 del citado Reglamento: «La ejecución de cualquier obra o trabajo en la zona de policía de cauces precisará autorización administrativa previa del Organismo de cuenca, sin perjuicio de los supuestos especiales regulados en este Reglamento. Dicha autorización será independiente de cualquier otra que haya de ser otorgada por los distintos órganos de las administraciones públicas».
Para el caso de que la Administración competente autorizara la inscripción de la declaración de obra nueva, esta Dirección General considera que la registradora debe reconsiderar la formulación del primer defecto relativo a la no acreditación sobre la ubicación íntegra de la obra nueva dentro del perímetro de la finca sobre la que se declara, por existir una diferencia de superficie entre la finca registral (216 metros cuadrados) y la parcela catastral que se manifiesta coincidir con la realidad de la finca, que mide 293 metros cuadrados. Hay que tener presente que, por aplicación de la doctrina de la Resolución de 25 de junio de 2025, la inscripción de la declaración de obra nueva requiere como acto registral previo la inscripción de la georreferenciación de la finca sobre la que se declara la obra nueva. Así lo exigía ya el número 8 de la Resolución-Circular de esta Dirección General de 3 de noviembre de 2015, sobre la aplicación del artículo 202 de la Ley Hipotecaria, para que el registrador puede efectuar, sin género de dudas, la operación de calificación registral consistente en la comparación de las geometrías de la finca y la superficie ocupada por la edificación, como declararon las Resoluciones de esta Dirección General de 4 de enero y 23 de abril de 2019. Para ello, como dice la Resolución citada de 2025, cuando el registrador tenga dudas sobre la identidad de la finca, podrá tramitar de oficio un expediente del artículo 199 de la Ley Hipotecaria, con citación a colindantes. En la tramitación del expediente el registrador, si tiene dudas sobre la relación de la obra nueva con la servidumbre de policía, puede notificar al organismo de cuenca, para que emita el informe, para hacerlo constar como información complementaria, en su caso, sin impedir la inscripción de la georreferenciación, ni de la obra nueva. En el presente caso, la registradora dispone de la georreferenciación de origen catastral de la finca, incorporada al título inscribible presentado y las coordenadas de la superficie ocupada por la edificación, aportadas posteriormente mediante informe catastral de ubicación de construcciones, por lo que puede efectuar la comparación de geometrías en que consiste la calificación registral de la ubicación de la obra nueva, no existiendo obstáculo que le impida la tramitación del expediente, si la Administración del Dominio Público Hidráulico emite la preceptiva autorización administrativa.
Por todo lo razonado, esta Dirección General ha acordado desestimar el recurso y confirmar la nota de calificación, puesto que no existe formulación de nuevo defecto, sino señalamiento de defecto que resulta de la documentación aportada para subsanar los señalados en una nota de calificación anterior, que no fue recurrida.
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Vistos los artículos 9, 18, 199, 202, 258 y 327 de la Ley Hipotecaria; 71 y 72 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas; 103 de la Ley 24/2001, de 27 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social; 6 y 9 del Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, por el que se aprueba el Reglamento del Dominio Público Hidráulico, que desarrolla los títulos Preliminar, I, IV, V, VI y VII de la Ley 29/1985, de 2 de agosto, de Aguas; la Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 12 de noviembre de 2009; la Sentencia del Tribunal Supremo de 3 de enero de 2011; la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana de 24 de febrero de 2012; la sentencia de la Audiencia Provincial de Granada de 17 de noviembre de 2006: la Resolución-Circular de la Dirección General de los Registros y del Notariado de 3 de noviembre de 2015; las Resoluciones de la Dirección General de los Registros y del Notariado de 9 de marzo de 2012, 27 de febrero de 2014, 19 de febrero de 2016, 13 de septiembre de 2017, 7 de septiembre de 2018 y 4 de enero, 23 de abril, 4 de julio y 16 de septiembre de 2019, y las Resoluciones de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública de 26 de febrero de 2020, 16 de diciembre de 2021, 28 de octubre de 2022, 8 de febrero y 10 de mayo de 2023, 10 de y 25 de septiembre de 2024 y 25 de junio de 2025.

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