En el presente caso, el recurrente solicita la inscripción de la descripción de una finca registral y de su georreferenciación alternativa, que se aporta con informe de validación gráfica con código seguro de verificación, de fecha 29 de mayo de 2025, por inexactitud de la catastral. La superficie registral de la finca es de 2.340,62 metros cuadrados, mientras que la superficie real de la finca, cuya inscripción se solicita es de 2.057,89 metros cuadrados, resultando un descenso de superficie de 282,73 metros cuadrados, inferior al 10% de la cabida inscrita.
La registradora tramita el expediente del artículo 199 de la Ley Hipotecaria, durante el cual se presentan alegaciones, mediante escrito de 22 de agosto de 2025. El colindante notificado alega que la georreferenciación aportada no respeta la delimitación de sus fincas registrales. En concreto, de la finca 12.699, de 1.091,30 metros cuadrados, de la finca 12.360 de 640 metros cuadrados, y de la finca registral 63.019, de 131,75 metros cuadrados, todas ellas del término de Vigo. En conjunto las tres fincas registrales tienen una superficie de 1.863,05 metros cuadrados y se corresponden con la identidad de una parcela catastral con referencia 2645637NG2724N0001YB. Esta tiene una superficie catastral de 1.789 metros cuadrados, siendo la diferencia superficial de 74,05 metros cuadrados. La colindante alega que la georreferenciación alternativa aportada al expediente reduce la superficie catastral de su finca, que pasa de 1.789 metros cuadrados a 1.745 metros cuadrados. La registradora estima las alegaciones de los colindantes y emite calificación suspensiva.
El recurrente alega el carácter insuficiente de la alegación para impedir la inscripción de la georreferenciación, negando que la georreferenciación aportada invada finca colindante alguna, puesto que la finca está delimitada por muros de cerramiento y red metálica y la superficie controvertida ha venido poseyéndose pacíficamente, tanto por la actual titular, como por los titulares anteriores.
Antes de entrar en el fondo del asunto, debe volver a reiterarse la doctrina de este Centro Directivo, formulada en Resoluciones como las de 5 y 13 de octubre de 2021, 8 de junio y 6 de septiembre de 2022, 21 de marzo de 2024 y 30 de enero de 2025, por la cual si la representación gráfica georreferenciada no es inscribible por albergar el registrador dudas fundadas acerca de que con la misma se invada otra finca ya inscrita o el dominio público, como en el presente caso, lo procedente es denegar, no suspender la inscripción. Y ello es así, porque no puede ser inscrita la misma georreferenciación que ahora ha sido objeto de presentación, ni la obra nueva, si la finca se ubica, total o parcialmente en dominio público.
Entrando en el fondo del asunto, procede determinar, como ha declarado reiteradamente esta Dirección General en Resoluciones, como las de 29 de noviembre de 2023, 22 de marzo de 2024 o 12 de junio de 2025, si la calificación registral negativa recurrida es o no ajustada a Derecho. Ello nos ha de conectar con el análisis de los puntos de la doctrina reiterada de esta Dirección General, en Resoluciones como las de 5 y 15 de diciembre de 2023 o la de 28 de julio de 2.025 que son: a) el registrador ha de calificar la existencia o no de dudas en la identidad de la finca, que pueden referirse: a que la representación gráfica aportada coincida en todo o en parte con otra base gráfica inscrita o con el dominio público, o a que se invadan fincas colindantes inmatriculadas, o a que se encubra un negocio traslativo u operación de modificación hipotecaria; b) el registrador podrá utilizar, con carácter meramente auxiliar, las representaciones gráficas de que disponga; c) dado que con anterioridad a la Ley 13/2015 se permitía el acceso al Registro de fincas sin que se inscribiese su representación gráfica georreferenciada, la ubicación, localización y delimitación física de la finca se limitaba a una descripción meramente literaria, lo que puede conllevar una cierta imprecisión a la hora de determinar la coincidencia de la representación gráfica ahora aportada con otras fincas inmatriculadas con anterioridad a dicha ley; d) el registrador, a la vista de las alegaciones eventualmente presentadas, debe decidir motivadamente según su prudente criterio, sin que la sola formulación de oposición por alguno de los interesados tenga la virtualidad de convertir en contencioso el expediente o de impedir que continúe su tramitación, y e) el juicio de identidad de finca que en su caso formule el registrador habrá de ser motivado, y fundado en criterios objetivos y razonados.
Existiendo alegación contraria a la inscripción en la tramitación del expediente y fundando en ella la calificación registral denegatoria, la registradora ha de motivar fundadamente esas dudas, como ha declarado reiteradamente esta Dirección General en diversas Resoluciones, como la de 25 de marzo de 2025 (por todas). Y según la reiterada doctrina de esta Dirección General, formulada en Resoluciones, como la de 24 de marzo de 2025, el juicio registral de identidad no puede ser arbitrario ni discrecional, sino motivado y fundado en criterios objetivos y razonados. Y ello, tanto desde el punto de vista jurídico, indicando en qué forma se han infringido los preceptos legales, como exigió la Resolución de esta Dirección General de 3 de octubre de 2024, sin bastar una referencia genérica a los preceptos infringidos, como desde el punto de vista material, basándolo en razones objetivas, derivadas de la apreciación de la evolución del territorio en la aplicación homologada y del contenido del Registro. Es decir, la registradora debe justificar porque ha estimado las alegaciones, para que el hipotético recurrente pueda conocer la argumentación registral en toda su extensión y preparar el correspondiente recurso, en su caso. En el presente caso, la registradora fundamenta la nota de calificación en la posible existencia de un indicio de controversia, que excede del ámbito de aplicación del expediente del artículo 199, fundado en la existencia de la alegación, de la que resulta el solape parcial de la georreferenciación alternativa aportada con una parcela catastral, que se corresponde, según la colindante alegante, con tres fincas registrales de su propiedad.
Sin embargo, la nota de calificación no concreta en que modo la georreferenciación alternativa afecta a la realidad física de las tres fincas registrales de la colindante alegante, pues esta no ha aportado la concreta georreferenciación alternativa de cada una, limitándose a aportar una georreferenciación catastral y declarar que se corresponde con la identidad de sus tres fincas registrales. Como declaró la Resolución de esta Dirección General de 6 de mayo de 2025, conviene fundamentar la oposición a la inscripción de la georreferenciación aportando un informe técnico que sostenga la misma, aunque no sea una representación gráfica georreferenciada. Pero, no es suficiente para fundamentar la alegación oponer la georreferenciación catastral frente a la alternativa aportada, como declaró la Resolución de 7 de mayo de 2025. Por ello, declaró la Resolución de 23 de mayo de 2025 que la mera oposición de un titular catastral acerca de que su inmueble catastral resulte invadido por una georreferenciación alternativa a la catastral no es motivo suficiente por sí sólo para denegar la inscripción de esa georreferenciación alternativa a la catastral, pues, precisamente por ser alternativa, se produce esa invasión parcial del inmueble catastral colindante. También la Resolución de esta Dirección General de 1 de diciembre de 2021 declaró que no es motivo suficiente para rechazar la inscripción el hecho de que el colindante se limite a objetar la invasión de su finca, pero sin aportar documentación alguna y sin que el registrador haya fundamentado su apreciación de que dicha objeción tiene entidad suficiente como para impedir la inscripción.
A ello se une que la registradora tampoco ha entrado en el análisis del contenido del Informe de Validación Gráfica aportado al expediente. Uno de los objetivos del expediente del artículo 199 es la protección de los derechos de las personas físicas o jurídicas que pudieran ser perjudicadas por la inscripción de la georreferenciación. Así la Resolución de esta Dirección General de 5 de marzo de 2012: «la participación de los titulares de los predios colindantes a la finca cuya cabida se rectifica reviste especial importancia por cuanto son los más interesados en velar que el exceso de superficie de la finca concernida no se haga a costa, o en perjuicio, de los fundos limítrofes. Por eso constituye un requisito capital que se les brinde de un modo efectivo esa posibilidad de intervenir en el expediente. En caso contrario se podría producir un supuesto de indefensión». Por ello, la Resolución de 19 de julio de 2016 declaró que el objeto de la intervención de los titulares colindantes en los procedimientos de concordancia del Registro con la realidad física es evitar que puedan lesionarse sus derechos y, en todo caso, que se produzcan situaciones de indefensión, previniendo que puedan tener acceso al registro situaciones litigiosas o que puedan generar una doble inmatriculación, siquiera parcial. Pero, conforme al artículo 199 de la Ley Hipotecaria, la mera existencia de la alegación no es suficiente para emitir una calificación negativa, pues dispone en su párrafo cuarto, segundo inciso: «sin que la mera oposición de quien no haya acreditado ser titular registral de la finca o de cualquiera de las registrales colindantes determine necesariamente la denegación de la inscripción». En todo caso la alegación, como declaró la Resolución de esta Dirección General de 16 de octubre de 2024, debe ser analizada en su contenido y verosimilitud objetiva por la registradora, que ha de expresar su juicio acerca de cómo la inscripción de la representación gráfica afectaría al colindante que formula la oposición, para que su juicio no sea arbitrario o discrecional. No puede limitarse a objetar la existencia de la alegación contraria, pues ello podría provocar indefensión en el hipotético recurrente, que no podría conocer el defecto en toda su extensión e intensidad, lo que es necesario para preparar con todos los medios a su disposición el correspondiente recurso, por aplicación del principio de proscripción de la indefensión de nuestro ordenamiento jurídico, que proclama el artículo 24 de nuestra Constitución.
En el presente caso, el colindante alegante manifiesta en su escrito de alegación que la georreferenciación alternativa aportada reduce la cabida de la superficie catastral de la parcela que se corresponde con sus tres fincas registrales, pues pasa a ser de 1789 metros cuadrados, que reconoce como realidad física de sus fincas, a 1.745 metros cuadrados. Ciertamente, como dice la recurrente, la georreferenciación alternativa se apoya en un previo trabajo técnico, que ha medido la finca sobre sus límites reales, pues la parcela está delimitada por muros y una red metálica. Sin embargo, como declararon las Resoluciones de 27 de septiembre de 2023 y 29 de julio de 2024, para considerar adecuadamente delimitada una determinada parcela no es determinante el hecho de que, físicamente, esté acotada por mojones o piquetas, sino que debe acreditar que han sido colocados con consentimiento de los colindantes, el cual transforma una mera situación física en sustancia jurídica. El propio recurrente declara en el escrito de interposición del recurso que «por desgracia existe mucha vegetación y no se visualiza con claridad el lindero completo en cuestión, si bien resulta evidente la demarcación física de la finca». Luego afirma que la superficie objeto de controversia tiene una dimensión de 44 metros cuadrados, tratándose de una esquina de la parcela que ha venido perteneciendo a la recurrente y a los anteriores propietarios, que han disfrutado de un uso pacífico de la misma durante épocas. Ello evidencia que existe una sombra de duda sobre la titularidad de esa fracción de terreno, que puede determinar un indicio o signo de controversia latente. Y como declararon las Resoluciones de 11 y 12 de septiembre de 2024, ni la calificación ni el recurso contra la calificación registral negativa son el cauce apropiado para resolver un conflicto entre titulares registrales colindantes, cuestión que, a falta de acuerdo entre los interesados, habrá de ser resuelta en los tribunales de justicia. Y, según la Resolución de 10 de octubre de 2024, la documentación aportada por quien se opone a la inscripción sólo tiene por objeto justificar su alegación para que el registrador califique si, a su juicio, hay o no controversia; la cual, caso de haberla, solo puede resolverse judicialmente, practicándose las pruebas que el juez estime convenientes.
Por ello, la Resolución de 28 de julio de 2025, en un supuesto de hecho similar al presente, estimó justificadas las dudas del registrador sobre la identidad de la finca en un expediente del artículo 199, dada la oposición manifestada por el titular registral de una de las fincas colindantes, que no tenía inscrita su georreferenciación, que alegaba alega la colisión de la georreferenciación aportada al expediente con la que debiera corresponder a su finca registral. Ello evidencia, según dicha Resolución, que existe controversia entre distintos titulares registrales colindantes acerca de la respectiva georreferenciación de sus fincas, sin que el recurso pueda tener como objeto la resolución de tal controversia, sino sólo la constatación de su existencia. La oposición del colindante, que entendía que había invasión de su finca, se basaba en la realidad catastral. La Resolución confirmaba que «la representación gráfica aportada implica una verdadera reordenación de terrenos y no un mero ajuste de delimitación respecto de la organización de la propiedad que resulta del parcelario catastral, el cual, goza, además, de una presunción de exactitud en cuanto a los datos físicos, derivada del texto refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario».
Pero, no debe olvidarse que el artículo 199 de la Ley Hipotecaria entiende que la mera existencia de la alegación no es por si suficiente para emitir una calificación negativa, pues dispone en su párrafo cuarto, segundo inciso: «sin que la mera oposición de quien no haya acreditado ser titular registral de la finca o de cualquiera de las registrales colindantes determine necesariamente la denegación de la inscripción». Por ello, la Resolución de esta Dirección General de 16 de octubre de 2024 declaró que para rechazar el reflejo registral de la georreferenciación no basta con que exista oposición de colindante, sino que el registrador ha de expresar su juicio acerca de cómo la inscripción de la representación gráfica afectaría al titular registral que formula la oposición, el cual no puede ser arbitrario ni discrecional y no puede el registrador limitarse a objetar que ha existido oposición de colindante. En el presente caso, a diferencia del supuesto de hecho resuelto por la Resolución de 28 de julio de 2025, la georreferenciación que se dice invadida por la colindante alegante se corresponde con la identidad de tres fincas registrales. Por ello, la alegación del colindante no puede limitarse a oponerse a la inscripción sino que, como declaró la Resolución de 24 de julio de 2025, es de suma importancia que acompañe algún principio de prueba que sustente su alegación, como puede ser un informe técnico, aunque no exista obligación legal. La ausencia de ese principio de prueba no debe conllevar automáticamente la desestimación de las alegaciones. Pero, como declaró la Resolución de 21 de abril de 2023, tampoco una automática estimación de las mismas, por la sola existencia de la alegación, de manera que el promotor del expediente no pueda conocer los motivos de la calificación negativa.
En el presente caso, no existe una completa seguridad sobre la invasión de la finca colindante, que solo deriva de la afirmación de la colindante alegante de que la georreferenciación alternativa aportada invade la georreferenciación catastral que se corresponde con la identidad de tres fincas registrales suyas, que no tienen su georreferenciación inscrita, pues no están coordinadas gráficamente con el Catastro, al no haberse agrupado para hacerlas coincidir con la parcela catastral, o al no haber aportado las georreferenciaciones alternativas de cada una de ellas, para iniciar el procedimiento de coordinación gráfica. Siquiera tienen una referencia catastral inscrita, toda vez que una referencia catastral puede ser asignada a tres fincas distintas. Ello determina que la descripción registral es meramente literaria y que, por ello, la colindante alegante no puede probar la concreta invasión de la georreferenciación alternativa aportada con alguna de sus fincas registrales solo con la aportación de la georreferenciación catastral de la parcela que manifiesta que se corresponde con la identidad de sus tres fincas registrales.
Si se analiza el informe de validación gráfica de la georreferenciación alternativa superpuesto sobre la ortofoto del Plan Nacional de Ortofotografía Aérea puede observarse que la georreferenciación catastral de la parcela con referencia 2645621NG2724N0001RB, correspondiente con la identidad de la finca 19.155 del término de Vigo, traza el límite sureste del lindero, que la separa de la georreferenciación catastral de la parcela con referencia 2645637NG2724N0001YB, que se corresponde con la identidad de las fincas registrales 12.699, 12.360 y 63.019 del término de Vigo, según el alegante, por una zona distinta de la pared que parece existir en la realidad, como delimitadora de la parcela. La georreferenciación alternativa aportada al expediente parece querer rectificar esa inexactitud catastral, lo que entraría dentro del ámbito de aplicación del artículo 199 de la Ley Hipotecaria. A esa circunstancia nos lleva la existencia de una frondosa vegetación, que se sitúa dentro de la finca 19.155, de la que carece la parcela catastral con referencia 2645637NG2724N0001YB. Ello determinaría un indicio de que la georreferenciación alternativa aportada al expediente se ajusta a la realidad física y no ha llegado a ser desvirtuada por la colindante alegante.
Si a ello añadimos que la georreferenciación aportada implica una disminución de la superficie de la finca, inferior al 10% de la cabida inscrita y que la colindante alegante no ha concretado a que finca registral corresponde los 44 metros cuadrados que, según ella, invaden su finca, determinan que debamos volver a reiterar la doctrina de la Resolución de 24 de julio de 2025, que ordenó la reapertura del expediente, porque el juicio de la registradora no se ha motivado desde el punto de vista objetivo, determinando cual es la porción de finca invadida (no lo ha hecho, porque es imposible, al no coincidir los conceptos de finca registral y parcela catastral, en el caso de las fincas de la colindante alegante), siendo dicha motivación necesaria, por aplicación del principio de prohibición de la indefensión del artículo 24 de la Constitución, para que el recurrente pueda conocer el defecto alegado en toda su extensión y preparar debidamente su recurso. Además, de las alegaciones de la colindante, que no se puede concluir de modo terminante la existencia de esa invasión, analizado el escenario de calificación registral gráfica.
Por otro lado, esta Dirección General debe aclarar que no es atendible la alegación del recurrente cuando afirma en su escrito de interposición del recurso que en una tramitación anterior no formuló alegación alguna a la inscripción de la georreferenciación puesto que, como declararon las Resoluciones de 14 de febrero y 25 de abril de 2024, las manifestaciones que los interesados hubieran hecho en otros procedimientos distintos o anteriores, y ya extinguidos, no vinculan a tales interesados, que pueden, en el procedimiento ahora entablado, adoptar la actitud activa o pasiva que a su derecho convenga.
En consecuencia, esta Dirección General ha acordado estimar el recurso y revocar la nota de calificación por no haberse fundamentado objetivamente el juicio registral de identidad, al no aportar la colindante alegante la georreferenciación alternativa de la finca, que a su juicio resulta invadida, sin que ello suponga inscripción de la georreferenciación alternativa aportada al expediente, sino reapertura del mismo, para que se aporte por la colindante la georreferenciación alternativa de la concreta finca invadida, junto con cualquier documentación que acredite que la porción de terreno que se sitúa más allá del muro delimitador, dentro de la fina 19.155 del término de Vigo, es realmente de su propiedad. Todo ello para que la nueva alegación sea valorada por la registradora y pueda determinar, con carácter indubitado, si existe o no un indicio de controversia que ha de resolverse por la vía del acuerdo o de resolución judicial. Y solo en el caso de no presentarse en el plazo fijado por el artículo 199 de la Ley Hipotecaria, o de no estimarse por la registradora la alegación presentada, podrá procederse a la inscripción de la georreferenciación, por ser indubitado que no existe invasión de finca colindante.
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2026-12675
Vistos los artículos 24 de la Constitución Española; 9, 18, 199, 322 y 326 de la Ley Hipotecaria; 40 y 41 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas; la Sentencia del Tribunal Constitucional de 25 de febrero de 2008; las Sentencias del Tribunal Supremo de 7 de mayo de 2009 y 12 de mayo de 2011; las Resoluciones de la Dirección General de los Registros y del Notariado de 5 de marzo de 2012, 19 de julio de 2016 y 23 de octubre de 2017, y las Resoluciones de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública de 11 de diciembre de 2020, 1 y 22 de diciembre de 2021, 10 y 12 de mayo de 2022, 21 de junio, 10 de julio, 29 de noviembre y 5 y 15 de diciembre de 2023, 22 de marzo, 16 de mayo, 3 y 16 de octubre y 3 de noviembre de 2024 y 24 y 25 de marzo y 28 de julio de 2025.

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